2. AUTOGESTIÓN POLÍTICA PARA UNA AUTOGESTIÓN ECONÓMICA

2. AUTOGESTIÓN POLÍTICA PARA UNA AUTOGESTIÓN ECONÓMICA



Platón fue uno de los primeros filósofos en comprender que la economía de una comunidad dependía fundamentalmente de su organización política. La fórmula «ideal» era que los políticos se ocuparan con dedicación absoluta y honestidad fuera de toda duda a crear una administración pública razonable y justa capaz de servir eficientemente a los intereses generales de la comunidad. También consideraba fundamental la separación entre las actividades propias de la ciudad, como la administración pública, la justicia o la enseñanza, y la agrícola. Es decir, pese a las reducidas dimensiones de las ciudades-estado, ya era evidente la separación entre campo y ciudad. Para ello no consideró ni siquiera necesario consultar democráticamente al pueblo, sino que creía posible la nominación por razones profesionales de «custodios» que debía llevar una vida de renuncia y no poseer más bienes que los necesarios, porque «en el momento que ellos tengan tierras, casas y caudales propios, en vez de defensores se convertirán en mayordomos y labradores; y en vez de auxiliares del Estado, en enemigos y tiranos de sus compatriotas.» A la vista de cómo se ha desarrollado la moralidad en la política actual, Platón sabía perfectamente lo que decía y por esta razón en algunos parlamentos se exige una declaración de bienes patrimoniales antes de acceder a un cargo político. El buen gobierno es la consecuencia de la confluencia del interés privado con el interés general. ¿Por qué es tan difícil que esto pueda suceder?

La dificultad está en que la dedicación a la política también es una forma de «trabajo» que requiere tiempo, asumir riesgos y supone una responsabilidad importante, que en otros niveles sociales, tendría una gran recompensa material. Sin embargo, la función política no puede ser reconocida objetivamente como un «trabajo», porque eso sería tanto como aceptar que el Gobierno es una «empresa» y la política un «oficio». ¿Cómo podemos saber cuál es el sueldo idóneo de un alcalde? ¿Por la creación de valor que es capaz de generar para la comunidad? ¿Le daremos una comisión por las inversiones realizadas? ¿Lo equipararemos a una categoría profesional propia de la gestión pública, como puede ser un secretario o el arquitecto municipal? De ser así (y así es en la actualidad) no nos rasguemos las vestiduras si los políticos no son honestos, nosotros mismo les incitamos a la corrupción. Es obvio que los cargos con dedicación política no pueden tener sueldos porque, como veremos después, deben ser considerados como «una obligación social», y tan sólo pueden tener contrapartidas económicas para compensar las posibles pérdidas que le pueda ocasionar a su actividad profesional o laboral habitual dentro de la propia comunidad.

A pesar de que Adam Smith consideraba negativa la intervención del gobierno en el mercado, su concepción global de que el «interés personal era beneficioso para el interés general» significaba en la práctica que también la gestión política debería de considerarse como una actividad, cuyos beneficios redundan de alguna forma en «interés personal» pero que también es necesariamente beneficiosa para el «interés general». Los primeros burgueses entendieron que sus negocios y gremios no podían desarrollarse convenientemente si ellos mismos no participaban directamente en el gobierno local, en contra de los intereses despóticos de los príncipes y obispos. Durante la Edad Media y el nacimiento de las «comunas» y los «burgos», la política y la economía eran prácticamente las dos caras de una misma moneda y el interés del «burgués» era crear un marco político favorable para el desarrollo de los negocios de los gremios y hermandades. A partir del Renacimiento en Italia se inicia la separación del interés público y el personal. En Florencia durante algún tiempo existiría una asamblea general constituida por 150 mercaderes, pero tras una serie de guerras civiles por la defensa de estas instituciones locales, finalmente familias con grandes intereses económicos se hicieron con el poder para proteger sus propios intereses, como los Medicis para proteger su banco. A partir de entonces todos los intentos para hacer que la política se someta a los intereses generales del Estado han sido prácticamente inútiles. Los intentos de crear un modelo económico totalmente imbricado con el poder político lo constituyeron las experiencias políticas y empresariales de los primeros socialistas utópicos, con ejemplos tan radicales como New Lamark, centro industrial, o más exactamente, ciudad industrial autogobernada y autogestionada por los propios obreros fundada por David Dale (1739-1806) y reformada por su yerno Robert Owen (1771-1858).

Como veremos en el capítulo dedicado a la forma de representación política a través de la democracia directa (la única forma de representatividad democrática de fundamento ecológico), es imprescindible crear un nuevo modelo de gobierno local donde la política sea una más de las responsabilidades de las personas que comparten un espacio social con intereses comunes, para que la gestión pública esté a salvo de la posible manipulación de intereses estrictamente personales o de grupos organizados, y que estemos seguros de que sirve a los intereses generales y que nadie a título particular se lucra inadecuadamente de ella. Un principio que en cierta manera ya lo enunciara Saint-Simon, ya que la forma de gobierno contemplada por él no era aquella en que los gobernantes rigen a sus súbditos, sino aquella en que el gobierno ejerce una administración técnica sobre la obra que hay que llevar a cabo.